En un día como hoy de 1986, se aprobaba la Ley General de Sanidad, por la que se creaba nuestro Sistema Nacional de Salud, y se convertía en una de las piezas esenciales para consolidar el Estado del bienestar. Al igual que la Constitución su encaje fue complicado, en la votación definitiva en el Congreso, el PSOE logró el apoyo del PNV y CiU después de aceptar enmiendas que daban más competencias a los gobiernos autonómicos. Como no podía ser de otra manera y generando su retórica presente, Alianza Popular (actual PP) votó en contra argumentando que era una "ley continuista" porque no daba a los ciudadanos "el derecho para elección de su médico, de su hospital y de su especialista".
En el manifiesto editado por el PSOE para rememorar esta fecha se señala concluyentemente, que este ha sido uno de los legados más importantes que nos dejó el primer gobierno socialista de Felipe González y, sin ninguna duda, una de las leyes clave de nuestra democracia.
Esta Ley, promovida por Ernest Lluch, ministro de Sanidad entre 1982 y 1986, asesinado por ETA en el 2000, tiene básicamente tres cimientos, la universalidad del servicio, la cohesión estructural a través del Sistema Nacional de Salud y la descentralización que permitía a las autonomías organizar y desarrollar servicios sanitarios públicos.
Además según nos explica el manifiesto del PSOE, permitió que más de siete millones de españoles, hasta entonces excluidos de la sanidad pública se incorporaran al Sistema Nacional de Salud. Ello condujo a que, se aumentaran los recursos destinados a la sanidad. Así, durante los primeros gobiernos socialistas el porcentaje del PIB destinado a la sanidad pública pasó del 4,3 al 5,9 %. Consiguiendo una sanidad para todos, donde aportaban más los que más tenían, mediante un sistema fiscal progresivo. Actualmente estamos, aproximadamente, en el 6,5% del PIB.
Esta norma, que en su génesis tuvo abundantes detractores, los cuales en gran mayoría han ido progresivamente aceptando que ha configurado un buen sistema. Sistema, que podemos considerar, hoy en día, un referente de primer orden en las políticas de bienestar en España y uno de los más avanzados y eficientes de cuantos existen en nuestro entorno europeo.
Es necesario por tanto después de veinticinco años, actuar con presteza y convicción para mantener la sostenibilidad y el funcionamiento eficiente del sistema sanitario público, sobre todo en unos momentos de crisis económica como la que estamos viviendo, y ante todo debemos luchar a brazo partido, que es nuestro voto, ante los intentos conservadores de reducir prestaciones sanitarias e introducir medidas de copago por la asistencia sanitaria. Todos los progresistas debemos ayudar al mantenimiento de un sistema sanitario público, fuerte y de calidad, donde la medicina privada sea voluntaria y un complemento regulado con la sanidad pública.
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