En el actual contexto de crisis económica, algunas voces hablan de reformar a fondo la arquitectura institucional del país, distribuida en varios niveles de gobierno. El punto de mira está puesto especialmente en los gobiernos locales y, particularmente, en los intermedios, cuyo papel ha permanecido demasiado indefinido a lo largo de la democracia.
Los tres aspectos están concatenados y merece la pena su abordaje para su depuración. La Fundación Democracia y Gobierno Local, de acuerdo con su función estratégica de reflexión, ha propiciado la redacción del Libro Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España, ofreciendo una visión prospectiva sobre el papel que han de tener las diputaciones provinciales en el Estado autonómico.
En su elaboración han participado, y asisten hoy algunos de ellos al acto de presentación, los más prestigiosos letrados, profesores de universidad y técnicos de la Administración en España, como Rafael Jiménez Asensio, presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Manuel Zafra, Doctor en Derecho, Profesor Titular del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada o Fancisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros.
Este trabajo detallado y multidisciplinario se presenta como una investigación técnica y especializada, abierta y sin complejos, con ideas y reflexiones, que permitan cerrar un debate a veces interesado. Elabora, a partir del análisis desarrollado, un catálogo de ideas y reflexiones, que en modo alguno se pretende presentar como tajante o excluyente; muy al contrario, invita ala discusión de contenido político, ya que muchos aspectos abiertos dependen de la previa voluntad política.
Sirva de ejemplo la U.E., donde la práctica totalidad de países disponen de niveles de gobierno local intermedios, incluso con elección directa de los diputados y con competencias materiales y funcionales.
La provincia tuvo un papel estelar en el proceso de creación del Estado autonómico. Los estatutos de autonomía han tratado de manera diferente a las provincias, de vaciamiento en unos casos a fortalecimiento en otros. En Aragón, por ejemplo, el Estatuto de 1982 establecía una relación fecunda en la Comunidad Autónoma y las diputaciones provinciales. Sin embargo, la reforma de 1996 prácticamente olvida a las diputaciones provinciales para dar entrada a las comarcas.
Para el presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, “la funcionalidad de las comarcas, hasta el momento al menos, no ha resultado una solución idónea en la racionalidad y eficacia de los distintos niveles administrativos. En cualquier caso, -aboga- habrá que optar por una convivencia entre diputaciones y comarcas con competencias y funciones claramente distintas y complementarias. Y siempre al servicio de los ayuntamientos”.
El minifundismo local, español en general y aragonés en particular, requiere necesariamente un nivel de gobierno local intermedio que garantice la autonomía municipal para que sea realmente efectiva.
En cualquier caso, y como un auténtico reto de futuro, las diputaciones provinciales deben apostar por un refuerzo de la legitimación institucional a partir del incremento de su propia eficacia y eficiencia, se apunta en el Libro Verde. Lo que les obliga a un cambio de paradigma organizativo basado en la cultura de gestión que racionalice sus estructuras administrativas y mejore sus procesos de gestión.
Lambán asegura que “así lo esta haciendo la Diputación de Zaragoza, que en estos momentos está trabajando sobre un Documento de Reforma Administrativa como una apuesta por una Administración de calidad en la prestación de servicios a los ayuntamientos de la provincia, así como en la asistencia y cooperación como función nuclear”.
En suma, -concluye el Libro Verde-, las diputaciones provinciales deben articularse como eje vertebrador de la intermunicipalidad dentro de un sistema coherente, racional y eficiente del sistema político local. Y por ello, debe tener un protagonismo efectivo en el proceso de elaboración de la futura legislación básica de gobiernos locales, tanto a nivel estatal como autonómico.
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