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domingo, 31 de enero de 2010

Plan de austeridad para salir de la crisis.

Después de meses de vacilaciones y de parches frente al agravamiento de la crisis, el Consejo de Ministros de ayer quizá sea el más decisorio del Gobierno de Zapatero desde que la economía española entró en la profunda recesión de la que parece que tardará aún en salir.
El Gobierno aprobó un plan de austeridad, cuyas decisiones más importantes son la reforma de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación como medida estrella, y el ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años, una la vista de que el déficit público Alcanzo el 11,4% del PIB en el 2009, dos puntos por encima de la última previsión oficial.
Los analistas coinciden en qué se trata de una señal enviada por uno los mercados internacionales, ante las cada vez más frecuentes comparaciones de España con la peligrosa situación económica de Grecia.
Hay que saludar en primer lugar que el Gobierno se haya decidido tomar una medidas de calado, aunque sean impopulares. El retraso de la edad de jubilación, de los 65 a los 67 años de forma progresiva, está destinado a salvar el sistema de pensiones más allá del año 2030. De momento, solo la CEOE ha dado apoyo a la medida, Rechazada por la izquierda y por los sindicatos, lo que augura duras negociaciones en la Mesa del Pacto de Toledo, donde debe discutirse.
Además, el Gobierno ampliará el periodo de cálculo de la pensión a más de los últimos 15 años de cotización, con el argumento de que ahora se perjudica a los trabajadores que acaban su vida laboral en el paro, y eliminará la pensión vitalicia de viudedad en algunos casos, sustituyéndola por una Indemnización única o una prestación temporal.
Pese a la oposición generalizada a estas medidas, no hay duda de que algo había que hacer para garantizar las pensiones y para ahorrar en este capítulo. Pero todo eso es contradictorio con que se sigan produciendo prejubilaciones escandalosas a cargo del Estado ya edades muy tempranas.
El Gobierno asegura en el mismo documento de la reforma que se pondrá coto a estos abusos, retrasando progresivamente la edad mínima de prejubilación de los 52 a los 58 años y con el compromiso de cofinanciación por parte de las empresas afectadas.
En espera de cómo se concreta todo ello, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que no prevé hacer la reforma sin consenso. Es lo deseable. Pero el Gobierno debe gobernar, como parece que empezó a hacer ayer.



 
Editorial del Periódico de Aragón.

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