En el último tercio de la década de los 80, en Chile se selló a fuego un pacto de gobernabilidad que, en términos sustantivos, continúa vigente, y que puso término al régimen militar y abrió el ciclo de gobiernos civiles. La dictadura pinochetista sirvió, de manera inmediata, para contener violentamente el avance de las fuerzas populares y una de las clases trabajadoras más organizadas y concientes del mundo en aquella época. Al respecto, la Unidad Popular encabezada por el doctor Salvador Allende fue expresión de la lucha de clases y el protagonismo del pueblo y sus intereses, y no al revés. El golpe de Estado terminó con las conquistas asociadas al cuestionamiento estructural del reinado del capital por el poder popular condensado en sus masivos destacamentos políticos y autoorganización propia. La dictadura militar, digitada por el Pentágono, inauguró una fase de contrarrevolución capitalista y desde mediados de los 70, se impuso en Chile el programa del estadio más brutal del capitalismo, muy distinto al conocido hasta ese momento en la historia. De este modo, se ejecutó la ultraprivatización de los derechos sociales, los recursos básicos, el territorio mismo. Se amplió y precarizó el empleo asalariado y se desmanteló el sindicalismo (que, por otra parte, hoy apenas responde a una organización del trabajo anterior, y no a una nueva regimentada por un capitalismo sin contrapesos, la deslocalización y fragmentación laboral. Por tanto, el actual sindicalismo es apenas una rémora adjetiva de una fase del capital más bien desarrollista que ya no existe.). La crisis de la deuda externa de fines de los 70 e inicio de los 80 gatilló en el país la protesta social explícita y la exigencia mayoritaria del fin del régimen de Pinochet. Antiguas representaciones políticas, como la Democracia Cristiana , guardianes de los intereses de la burguesía y el imperialismo, y que jugaron un papel fundamental en la legitimación del golpe de Estado, se pasaron al bando de la oposición a la dictadura, sin más contenidos que el retorno a la democracia representativa. La izquierda de la época, fuertemente influida por la revolución nicaraguense y el apoyo internacional, radicalizó la protesta social, amplió sus organizaciones político-militares (FPMR, MIR, MAPU-Lautaro, fracciones del Partido Socialista) con el objetivo de romper con el monopolio burgués de las armas y presionar hacia una salida lo más adelantada posible –en términos democrático populares- de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, luego de 1986, la hegemonía de conciliación de la clase propietaria en la oposición de los partidos democrático burgueses y en tendencias al interior de la propia izquierda lapidarían la posibilidad de un levantamiento insurreccional, y años después compondría la Concertación de Partidos por la Democracia. Esos partidos, tutelados por el imperialismo norteamericano y algunos Estados europeos, ante la polarización de la lucha de clases y la inminente crisis de gobernabilidad, pactaron una agenda de consenso, a espaldas del pueblo y los trabajadores, con la dictadura. Así, el itinerario de Pinochet se mantuvo intacto, y ganó el NO a la continuación del régimen militar en 1988. Un año después obtuvo la mayoría en las primeras elecciones presidenciales luego de 17 años, el DC y uno de los principales alentadores del golpismo durante el gobierno de Allende, Patricio Aylwin. En 1990 comenzaron los gobiernos civiles sobre un poderoso acuerdo de gobernabilidad por y para bien de los de arriba. La dictadura ya había cumplido sus objetivos de exterminio popular y contraemancipador, y ahora sólo ofrecía crisis sociales y superior descontento.
El nuevo consenso de gobernabilidad de los que mandan tuvo por fin inmediato descomprimir la organización y la protesta social; cautelar el patrón de acumulación capitalista inaugurado durante el período dictatorial; y despolitizar, desmantelar y descalcificar todas las organizaciones construidas por los trabajadores y el pueblo al calor de la lucha antidictatorial. Con la operación concreta de desarticular, domesticar y extinguir las expresiones más avanzadas de los de abajo, y con el argumento aterrador de evitar nuevas asonadas golpistas, los gobiernos civiles de la Concertación capitalista, provocaron el reflujo del movimiento real del pueblo. Cooptaron y desmoralizaron a la mayoría de sus cuadros dirigentes, y de manera progresiva, infantilizaron políticamente a las grandes mayorías. Al final del primer gobierno de la Concertación el trabajo estaba hecho. Se consolidó la paz de cementerios requerida por el modo primario exportador de una burguesía rentista, parasitaria, especulativa y subordinada al capital transnacional. Se hipotecó, una vez más, el desarrollo industrial y soberano del país, condenando a Chile al extractivismo, la acumulación por despojo de los recursos naturales, y la dependencia económica y multidimensional respecto de los Estados corporativos titulares del capital mundial. El pueblo y los trabajadores se convirtieron en meros consumidores fuertemente endeudados y los distintos momentos de la realización de la valorización del capital (producción-distribución-consumo-producción), al igual que en casi todo el planeta, fueron y son dominados por el capital financiero especulativo. Los dispositivos simbólicos de representación y legitimación de masas de la versión del mundo dominante de la clase dominante, obraron de manera inmejorable a través de las instituciones educativas, militares, eclesiásticas y mediales. El mensaje es el miedo, la resignación, el consumo compulsivo, la competencia insolidaria, la mansedumbre popular, y la conversión de los potenciales sujetos de transformación en simples clientes, objetos de crédito, endeudamiento, explotación y reproducción general del capitalismo.
Del proceso constituido históricamente de acuerdo a condicionantes en el campo de las relaciones de fuerza mundiales, y su manifestación determinante en el territorio chileno, coyunturalmente se presenta con la imposición de los candidatos presidenciales del poder, Sebastián Piñera (quien, junto a sus hermanos, se enriqueció gracias a la dictadura, la venta a precio absurdo de la propiedad estatal, la privatización de la seguridad social y la salud) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (cuyo gobierno soldó los lazos de dependencia estructural en relación a los intereses corporativos transnacionales y, justo antes de Ricardo Lagos, terminó el proceso de privatización de los derechos sociales, los recursos naturales y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de la mayoría chilena). Ambos representan los mismos intereses de clase y son notas de una similar composición antisocial y antipopular. Casi está de más recordar que los dos son instrumentos de las políticas emanadas de los centros imperialistas y sus políticas de ajustes estructurales, desregulación económica, el Estado subsidiario y aval de la burguesía en aprietos, la “autonomía” del Banco Central, programas sociales focalizados y absolutamente insuficientes, etc.
Mientras tanto, el padrón electoral –viejo, clientilizado y loteado políticamente sobre la base de los resultados del plebiscito del SÍ y el NO de 1988- repite una y otra vez sus resultados ante la crisis de representatividad, credibilidad de la actual democracia, y despolitización del conjunto del pueblo. Hasta ahora, y después de 20 años, el Ejecutivo estuvo en manos de la Concertación. En la última elección concurrió una batería de variables que explica el empate de las dos derechas en competencia, resuelto a favor de Piñera.
De los aproximadamente 12,5 millones de electores potenciales en Chile, emitieron un voto válido 6.942.601. Piñera sacó 3.582.800 y Frei 3.359.801. 244 mil personas anularon el voto. Es decir, del total de electores posibles, Piñera tuvo el sufragio del 28,66%. Normalmente en la segunda vuelta la abstención disminuye en al menos un 4% respecto de la primera. En esta ocasión se dio al revés: aumentó en un 2%.
El pueblo chileno no es más derechista o conservador que hace 4 años. El continuismo concertacionista, el nepotismo, la imposición de Frei como candidato único de la Concertación sin pasar por primarias en un período de crisis de esa componenda; la fragmentación y desgajamiento de la fracción del bloque del poder en el Ejecutivo de MEO (cuya propaganda y mercadotecnia lo ligaron hábilmente al cambio generacional y al relevo sin contenidos, demostrado por el fenómeno de que un tercio de su votación se fue a Piñera y el resto a Frei); la inteligente, pero desconcertante e insuficiente maniobra de que Jorge Arrate, ex líder concertacionista, facilitara el ingreso de tres miembros de la dirección del Partido Comunista al parlamento a través de un pacto por omisión; y la propia figura de Frei –el peor de los candidatos posibles- son parte del problema. A lo anterior, es preciso añadir el populismo más efectivo mediáticamente de Piñera (el 90 % de los medios de comunicación en el país son propiedad de la vieja derecha), su promesa de un millón de empleos y fin de la delincuencia (?), el trabajo añoso de la ultraderechista UDI en territorio popular, la apatía galopante de la población ante un panorama electoral sin alternativas, etc.
Sin duda, acaso desde abajo, como sugiere mi querido Pedro Echeverría (extraordinario y prolífico analista y académico mexicano), una de las variables sustantivas para el triunfo de Piñera se encuentra en que la izquierda anticapitalista, el eventual continente político de los trabajadores y los pueblos, todavía no se convierte en alternativa política desde, con y para las grandes mayorías. Es cierto, luego de un largo reflujo, descomposición política y orgánica, desesperación y depresión, el socialismo anticapitalista recién comienza a escribir el prólogo de la reconstrucción política de la conducción de los intereses de los trabajadores y los pueblos. Ello se hace paulatinamente, con audacia y, al mismo tiempo, ofreciendo confianza, claridad y fortaleza a los futuros protagonistas de la transformación profunda, independiente y popular que demanda la inmensa mayoría de Chile. Por eso sus tareas principales son la participación en los movimientos y luchas auténticas del pueblo trabajador, su ampliación dinámica y comprensiva de las luchas anticapitalistas que se manifiestan en la gesta de los pueblos originarios, el feminismo, el ambientalismo, la diversidad sexual, las nuevas sensibilidades solidarias de las generaciones actuales. Para el caso, la izquierda anticapitalista debe rimar su unidad resumida en el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) con las condiciones actuales de fuerza, las demandas auténticas de las mayorías, una representación y producción simbólica que termine con la nostalgia (que no con la memoria), eche al tacho de la basura las prácticas discursivas hacia adentro y atrás, y proyectarse creativamente de cara al futuro y con las maneras de la actualidad y los y las actuales. Frente a la alternancia de los dueños de todo por arriba, es preciso propugnar la alternativa desde abajo y en todos los terrenos en disputa de la lucha de clases. El calendario de la izquierda convencional recuerda buenamente los santorales inolvidables, pero es la lucha real de los trabajadores y el pueblo la agenda rectora del MPT y sus fuerzas amigas. El desafío de la creación de un proyecto político cuyo horizonte sea la felicidad humana, la igualdad y la libertad, y que en su aterrizaje táctico se base sobre el análisis concreto de la realidad concreta, debe arrojar por la borda todos los manuales, los dogmatismos estériles e incluso la simbología que ya nada dice a los chilenos de hoy. Se acabó la guerra fría, y la contradicción dictadura / democracia es foto en sepia para los sujetos actuales. De no ponerse al día, con rigor, alegría y compromiso poliético insobornable, el socialismo anticapitalista corre el riesgo de esclerotizarse rápidamente, mientras la burguesía no duerme en su objetivo estratégico de mantener incesantemente el infame estado de cosas.
Fuente. "Clarín, Andrés Figueroa Cornejo"
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