Puesto que parece inevitable el enésimo debate sobre la viabilidad o eficacia del Estado de las autonomías, sus debilidades y, llegado el caso, la necesidad de reformarlo, conviene no dar tres cuartos al pregonero y manejar argumentos sociales, políticos y jurídicos para determinar dónde nos encontramos, hacía dónde vamos y cuál ha sido el proceso seguido.
Lo que no conviene en ningún caso es partir de las obsesiones centralistas de José María Aznar, entre cuyos méritos cabe reseñar el de haberse opuesto a la Constitución de 1978, donde nació el Estado de las autonomías. Parece que Mariano Rajoy ha renunciado a seguir los pasos de Aznar, lo cual no es poco en el seno de una derecha sin apego al diseño constitucional del Estado.
Conviene, asimismo, recordar que no es lo mismo la concepción del Estado del PP y del PSOE. Cuando los dirigentes de CiU toman este camino, no solo faltan a la verdad histórica, sino a la realidad presente. En la formación socialista cohabitan las tradiciones jacobina y federal, ambas de muy largo recorrido y de influencia variable. En todo caso, sin la voluntad política del PSOE como organización, difícilmente hubiese visto la luz el nuevo Estatut y su correlato más importante, el sistema de financiación.
De todo lo cual se deduce que debe abordarse el debate desde el rigor, un desarrollo constitucional de más de 30 años y un sistema que ha arraigado a pesar de todos los errores de origen que se quiera. A estas alturas, ir a por una LOAPA bis que armonice la gestión autónomica y confiera a la Administración del Estado una especie de función arbitral homogeneizadora, es apostar por sembrar el germen de la discordia entre el Gobierno y las autonomías, las históricas y las demás.
Ni siquiera el coste de las 17 autonomías justifica correr este riesgo, en primer y muy principal lugar porque nadie ha demostrado que las instituciones centralizadas administren mejor los recursos que las descentralizadas. Sí es fácil demostrar, en cambio, que el acercamiento de la Administración a los administrados mejora su eficacia, aunque en algunos casos --sanidad, enseñanza-- las competencias fueran transferidas por gobiernos del PP a comunidades autónomas que nunca las habían pedido.
Fuente: Editorial del Periodico de Aragón.
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