Los dirigentes de los países del euro tomaron ayer una decisión colectiva de gran calado: no dejarán caer en la suspensión de pagos a ninguno de sus miembros. Ni a Grecia ni a ningún otro. Esta voluntad política puede y debería salvar la primera crisis especulativa a la que se enfrenta el euro en su decenio largo de historia. Para ello, los ministros del eurogrupo saben traducirla en medidas concretas y eficaces. Supone, en todo caso, un giro en la deriva declinante y dispersa que la UE viene registrando desde hace años.
El compromiso sobre el papel es claro. Adoptarán "medidas decididas y coordinadas, si es necesario, para salvaguardar la zona euro en su conjunto". Y de efectos sustanciales, pues responde a todas las grandes incógnitas suscitadas en los últimos días. Quedan, pues, despejadas las dudas sobre si el nuevo Tratado de Lisboa permite o no una operación de rescate: la permite. Envía a los mercados una señal clara de que habrá reacción rápida para evitar desgastes: no es una anécdota menor a estos efectos que la reunión preparatoria de los ministros de Economía se desarrollase por videoconferencia. Y compromete a los socios a intervenir colectivamente y resolver el posible problema por sí solos, sin transferir responsabilidades al FMI, para desgracia de los euroescépticos, encabezados por Reino Unido.
Se engañarán los mercados si interpretan que la ausencia de mención a instrumentos concretos devalúa esa explícita voluntad política. Mal podía decidirse ya qué método de ayuda usar para un país en peligro, como Grecia, si éste aún no la ha solicitado. Los instrumentos pueden ser múltiples, desde el aval a la deuda del país débil hasta la compra de bonos (aunque no por el BCE), pasando por créditos del BEI o adelantos con cargo a los fondos estructurales. Pero tampoco conviene demorarse mucho.
Al mismo tiempo, los líderes han despejado otro peligro, la percepción de que un sistema genérico de ayuda y no ad hoc (como se prefigura) indujese a los Estados más incumplidores a relajarse. El apoyo rotundo a Grecia se condiciona a que haga "todo lo necesario" y más para cumplir sus compromisos de austeridad. No es un cheque en blanco, sino una severa exigencia, que ya está costando al Gobierno de Papandreu revueltas sociales.
El protagonismo de Francia y Alemania (y el perfil demasiado bajo de la presidencia española) apunta al poco deseable esquema del directorio europeo. Pero cuenta con el atenuante de que ambos países son los únicos capaces de encabezar hoy cualquier rescate. Los Veintisiete adoptaron otra decisión importante, impulsada por su presidente, el discreto Van Rompuy: un programa de política económica inmediata, con medidas selectivas en vez de enciclopédicas, y estímulos o premios vinculantes. Es una idea para avanzar hacia un gobierno económico común mejor que la inane retórica de los papeles preparados por la Comisión para sustituir a la fracasada Agenda de Lisboa.
Editorial del Pais.
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