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martes, 9 de febrero de 2010

Garzón a tiro.

Como consecuencia de la querella que en su día presentaron “Manos Limpias” y “Falange” dos formaciones Ultraderechistas, ante el Tribunal Supremo, el Juez Garzón, esta en un tris, si la sala de lo Penal del Tribunal Supremo no lo remedia, de ser juzgado por prevaricación, delito por el que podría verse condenado a una pena de entre 12 y 20 años de inhabilitación, lo que, en otras palabras, significaría acabar con su carrera judicial. Ya en su momento el ponente de la resolución por la que se admitía ha tramite la querella fue el magistrado Adolfo Prego, quien hasta la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desempeñó el cargo de consejero a propuesta del PP, además Luciano Varela fue el juez designado como instructor, quien a su vez fue el ponente de la resolución de la querella presentada por dos abogados contra Garzón por cobrar de una universidad de EE UU, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que ha sido archivada definitivamente por el Supremo.
Dentro de lo que podríamos definir como la venganza de los mediocres, Luciano Varela, enfrentado desde hace tiempo con Garzón, acusa con los mismos argumentos, que en su día Miguel Bernard -ex responsable de Fuerza Nueva- lo explicaba en los medios de comunicación, al juez de la Audiencia Nacional de prevaricar, es decir, de dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional. Recordemos que Garzón quería esclarecer las responsabilidades de los crímenes cometidos durante la dictadura. El juez acusaba al General Francisco Franco y a otros 44 miembros de sus Gobiernos y miembros de Falange de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad". Por lo que respecta a la apertura de fosas de los represaliados por la dictadura, Garzón se inhibió en noviembre en favor de los 62 juzgados territoriales donde se encuentran enterrados los cuerpos, pero añadía que debían investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños.
Aunque detrás de este asunto hay demasiados intereses, que fundamentalmente pretenden apartar de forma radical a Garzón de la investigación sobre la trama Gürtel, y al odio que genera la figura del llamado “juez estrella”, sería una cruel sarcasmo que quien decretó la detención de Pinochet y que ha instruido causas de crímenes contra la humanidad que afectan a varios estados, fuera desterrado de la judicatura por investigar sobre la represión en su propio país, una de las insuficiencias que le reprochaban en el extranjero quienes se oponían a sus investigaciones.

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