Es un pésimo ejemplo y una grave irresponsabilidad el espectáculo que está ofreciendo el Partido Popular a cuenta de la nueva ley del aborto. No es la primera vez en que el principal partido de la oposición se sirve del Tribunal Constitucional para intentar imponer sus posiciones derrotadas en sede parlamentaria; al contrario, empieza a ser una penosa costumbre. En los últimos años, el partido de Mariano Rajoy ha dado una vuelta de tuerca a su estrategia oponiendo una resistencia pasiva, cuando no insumisión activa, a normas aprobadas por los representantes de la soberanía popular cuando no han tenido su apoyo. Los ejemplos de la ley contra el tabaco y de dependencia son los más evidentes. Ambas normas y, sobre todo, sus beneficiarios potenciales, sufren el boicoteo de los populares en algunas de las comunidades en las que gobiernan, como Madrid o la Comunidad Valenciana.
Ahora le ha llegado el turno a la ley de plazos que entró oficialmente en vigor este lunes, un asunto en el que el PP muestra en toda su crudeza la medida de su incoherencia y su tibia convicción democrática. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, cree que no hay razones para acatar la nueva ley porque "todavía no está en su punto final" y la portavoz de Igualdad del partido, Sandra Moneo, asegura "comprender las dudas de aplicar una ley tan manifiestamente inconstitucional". ¿Han calibrado ambos políticos qué sucedería si cundiera su ejemplo por parte de cualquier partido ante la aprobación de leyes que no les gustan? Otros dirigentes se han manifestado decididos a cumplir la ley a la espera de que el tribunal suspenda cautelarmente su aplicación o la declare inconstitucional. Unos y otros transmiten una idea peligrosa y errónea del funcionamiento de las instituciones democráticas.
El problema clave no reside en la torpeza verbal de políticos de segunda fila o en una aplicación condicionada a lo que decida un tribunal que, por otra parte, se halla diezmado y desestabilizado por la obstrucción permanente a que el PP (y en parte el PSOE) le tiene sometido. Aunque Sáenz de Santamaría se curó en salud y recordó que la ley está en vigor y hay que aplicarla, el problema esencial es la complicidad de la cúpula del partido que aspira a reconquistar La Moncloa al no desautorizar con contundencia a los insumisos. El PP contenta así a sus amplias bases evitando estridencias que molesten a los más moderados y satisfaciendo a los más reaccionarios con políticas de boicoteo o insumisión a normas sociales que nos equiparan con el resto de los socios europeos.
No es solo la nueva ley del aborto la que está en peligro. La estrategia del PP es una carga de profundidad que socava los principios sobre los que se asienta nuestra convivencia democrática. Y más cuando este partido no deroga las leyes que tanto le molestan cuando alcanza el poder, en prueba evidente de que las rebeliones en su seno son una mera arma arrojadiza en su estrategia de oposición; aunque sea a costa de erosionar la calidad de la democracia.
Fuente.: Editorial del País.
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