La reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición debería haber marcado un punto de inflexión en el clima político desde el que se ha venido abordando la crisis económica, pero no lo hizo. La gravedad de la situación no permitía la escenificación de un nuevo desacuerdo radical, y tanto Zapatero como Rajoy dieron ayer un primer paso, del todo insuficiente, para centrar el debate. El consenso sobre los dos asuntos planteados (Grecia y cajas) no garantiza soluciones; pero resultaba imprescindible, tanto para identificar una agenda de prioridades compartida por las principales fuerzas políticas, como para asegurar un marco estable de actuación en torno a ella. Todo lo demás, faltó. Y la culpa es de ambos.
Fruto de esa escenificación menos crispada de las relaciones entre Gobierno y PP es el acuerdo para culminar el proceso de fusiones de las cajas de ahorros, obstaculizado por las resistencias autonómicas, antes del 30 de junio, y de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Cajas en tres meses. El acuerdo despeja dudas sobre las cajas y sería deseable que sus efectos se dejaran sentir de forma inmediata. Cuanto antes fluya el crédito hacia las empresas, tanto más fácil será la recuperación. Pero son obligadas dos matizaciones. La primera, que llega con retraso; la segunda, que debido a ese retraso en algunas cajas sean necesarias recapitalizaciones intensas.
Gobierno y PP también están de acuerdo en el plan de rescate de Grecia y en que España debe aportar dinero para ese plan. El dramatismo de la crisis griega, que ayer vivió otra huelga general, la tercera en mes y medio, con incidentes violentos que provocaron tres muertos, indica la gravedad del momento; pero los efectos indirectos de esa crisis sobre otros países, incluyendo España, indican también el interés compartido por el resto de la UE en ayudar a Papandreu a evitar la quiebra de su país. Que haya acuerdo con la oposición sobre la aportación española de 9.800 millones de euros es el otro signo de seriedad de la reunión de ayer. Son pocos para el momento de zozobra que vive España.
Resulta inaudito que Zapatero y Rajoy no abordaran en la reunión la discusión de decisiones sobre empleo; quizá fían la disminución del paro a la reforma del mercado de trabajo que está en manos de los agentes sociales. También evitaron escenificar otro acuerdo, tan importante como el financiero, que es el del Plan de Austeridad que debe recortar el déficit público español desde el 11,4% del PIB actual hasta el 3% en 2013. La capacidad que tenga el Gobierno (con el respaldo de la oposición), para convencer a los inversores de que esa reducción es factible determinará su credibilidad en el exterior, el coste de su deuda y la solvencia de las finanzas públicas. Lo que escenificaron ayer Rajoy y Zapatero en este punto fue un desacuerdo. En la explicación del presidente del Gobierno, el PP sería partidario de un ajuste drástico del déficit en 2010, mientras que el Ejecutivo sería partidario de una reducción más gradual para no perjudicar la recuperación.
Los mercados desconfían de que la economía española sea capaz de reducir el déficit en más de ocho puntos en cuatro años, y desde luego resulta improbable con las proyecciones actuales de crecimiento (por más que la Comisión Europea haya mejorado en dos décimas la previsión de contracción del PIB español este año). El Gobierno no explica dónde se aplicarán los recortes de gasto y ha renunciado al ajuste que se entiende con más facilidad, que es la congelación de los sueldos de los funcionarios a cambio de su seguridad en el empleo. Unas relaciones menos crispadas con el PP deberían abrir paso a un plan de reestructuración del gasto público (estatal y autonómico), con fechas precisas e indicadores de cumplimiento. Sin ese plan y sin una reforma rápida del mercado de trabajo, la recuperación se demorará varios años.
Fuente: Editorial del País.
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