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martes, 11 de mayo de 2010

No volvamos a liarla con el Ebro.


El agua no puede convertirse, de nuevo, en emblema electoral. Ni están el resto de los asuntos de Estado --más trascendentes y actuales-- para semejante apuesta, ni comunidades como Aragón y Cataluña pueden enzarzarse en visiones enfrentadas sobre los caudales que afectan a la cuenca del Ebro, cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a su vez sometida al ordenamiento que se deriva de le Ley de Aguas y de la Directiva Marco del Agua.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, velará por que se cumplan los principios de unidad de cuencas hidrográficas, por lo que no consentirá que ninguna comunidad autónoma se arrogue competencias sobre planificación hidrológica de aquellas aguas que circulen por varias autonomías. Esta aseveración, que puede resultar obvia, fue una aclaración que se apresuró a realizar el secretario de Estado de Aguas y Medio Rural, Josep Puxeu, tras conocerse que la DGA alegará contra el Programa de Medidas del Plan de Gestión del distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y el Informe de Sostenibilidad Ambiental que prepara la Generalitat y que podría planificar masas de agua ajenas a sus cuencas internas.
En cualquier caso, el Consejo de Gobierno de hoy aprobará la presentación de alegaciones al plan catalán, sin que se descarten acciones legales en el caso de que este siga adelante. El propio presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, confirmó ayer este extremo, al tiempo que insistió en que "ninguna comunidad, tampoco la nuestra", imponga sus "condiciones" ante "la unidad de cuenca". Así lo dice, dijo, "la normativa europea, la Constitución y la Ley de Aguas".



Fuente: El Periodico de Aragón, varios. 

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