El Zapatero que ayer tomó la palabra en el Congreso de los Diputados se desmintió a sí mismo con más contundencia que sus críticos, completando un giro copernicano en la plasmación de los principios ideológicos que invocaba. Resulta paradójico que el Gobierno promoviese en el palacio de Zurbano un pacto de Estado en torno a un heterogéneo listado de medidas de escasa trascendencia y que, apenas unas semanas después, afronte en solitario un duro ajuste del gasto público. Si algún paquete de medidas requería intentar un pacto era el anunciado ayer, y el Partido Popular corre el riesgo de erosionar su condición de alternativa si busca capitalizar desde el oportunismo, como dejó vislumbrar ayer, el inevitable coste político y social que acarreará una decisión que no admitía más aplazamientos.
El Gobierno ha optado por un recorte drástico, rápido y capaz de recuperar la credibilidad perdida. El mayor volumen de gasto en la estructura del Presupuesto español se concentra en los salarios de los empleados de la Administración y las pensiones y costes sociales, con especial mención a los directamente derivados del desempleo. Desde el momento en que el Gobierno se ha visto obligado a aplicar un ajuste profundo y rápido bajo presión internacional, le ha resultado imposible mantener inalteradas las partidas con las que pretendía marcar distancias con el PP. La salida de la crisis no se juega en las escaramuzas políticas internas, sino en un tablero mucho más amplio en el que España está bajo atenta observación.
Ninguna de las medidas anunciadas por Zapatero es injusta ni ilógica, incluyendo la no revalorización de las pensiones, a excepción de las mínimas y las no contributivas, o la bajada del sueldo de los funcionarios. La primera es una decisión dolorosa, pero tendrá menos impacto que una drástica rebaja, que sería necesaria si ahora no se aplica la congelación. En cuanto a la segunda, cabe explicarla porque los trabajadores del sector público no habían sufrido hasta el momento el peso de la crisis, que sí han experimentado los asalariados del sector privado.
Los agentes sociales, en especial los sindicatos, no deberían enturbiar el ajuste con suspensión de negociaciones, huelgas y protestas. Tampoco el PP puede desentenderse del esfuerzo al que, por fin, ha convocado el Gobierno. Una recesión tan profunda como la actual exige una pérdida global de rentas, y la anunciada ayer es el sacrificio mínimo necesario para mantener la solvencia en las finanzas públicas. Zapatero y su Gobierno han perdido desde 2007 muchas oportunidades de repartir el coste de la crisis; en esta ocasión, se trata, sin embargo, de no dilapidar una prosperidad lograda entre todos y de cuya salvaguarda todos debemos, hoy más que nunca, hacernos responsables. Que la rectificación llegue tarde no autoriza a nadie responsable a torpedear el esfuerzo.
Editorial del País.
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